El oro está alcanzando máximos históricos, un faro resplandeciente para los mercados globales, los bancos centrales y los inversores que buscan un refugio seguro en tiempos turbulentos. Para las potencias mineras andinas de Perú y Chile, este auge debería ser una noticia inequívocamente favorable, prometiendo mayores ingresos por exportaciones, un aumento de la inversión y un impulso vital a las arcas fiscales. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y diverge drásticamente entre ambas naciones. Los mismos precios en alza que fortalecen a las operaciones formales están alimentando la minería ilegal en Perú, mientras que estos precios proporcionan a Chile un colchón financiero para enfrentar sus propios desafíos estructurales.
En nuestros artículos recientes, hemos explorado el inmenso potencial del sector del cobre en la región, el fracaso sistémico del sistema de formalización REINFO en Perú y las perspectivas económicas más amplias del país. Ahora, la fiebre del oro mundial está entrelazando estas narrativas, creando un escenario de alto riesgo donde una oportunidad increíble choca con riesgos profundos y específicos de cada nación. El brillo del oro está forzando un reajuste regional, revelando las profundas diferencias institucionales que definen el camino de cada país.
Desde una perspectiva macroeconómica, los beneficios de un precio del oro alto son claros. Como detallamos en nuestro análisis de “La Industria Minera del Perú en 2025”, el sector ya es un pilar de la economía, con un empleo récord y una sólida cartera de inversiones. Precios más altos del oro amplifican este impacto positivo. Los productores formales, como Gold Fields en Cajamarca, ven dispararse su rentabilidad, lo que se traduce en mayores pagos de regalías e impuestos, cruciales para el desarrollo regional. Este viento de cola económico también hace más atractivos los 13 proyectos de exploración de oro en la cartera de Perú, acelerando potencialmente su desarrollo.
En Chile, el efecto es igualmente positivo, aunque estructuralmente diferente. Mientras que Perú tiene operaciones auríferas primarias, una parte sustancial de la producción de oro de Chile es un subproducto de sus gigantescas minas de cobre, como Escondida y las operadas por la estatal Codelco. Para estas operaciones, el auge del precio del oro es un bono bienvenido, que mejora sus márgenes y su salud financiera en un momento en que luchan contra la disminución de las leyes del mineral y los altos costos operativos. Como discutimos en “Suministro de Cobre Bajo Presión,” la industria minera chilena enfrenta vientos en contra a largo plazo. Los ingresos adicionales del oro proporcionan un capital crítico que puede reinvertirse en mejoras tecnológicas, plantas desalinizadoras y esfuerzos de exploración necesarios para sostener su producción de cobre. Además, el marco regulatorio relativamente estable de Chile lo convierte en un destino atractivo para nuevas inversiones en exploración de oro primario, ofreciendo una percepción de menor riesgo en comparación con su vecino.
Aquí es donde los caminos de Perú y Chile divergen dramáticamente. El lado oscuro del auge del oro es su efecto catalizador sobre la minería informal e ilegal, una crisis que se concentra abrumadoramente en el Perú. Como examinamos en nuestro análisis de “El REINFO y la fallida promesa de formalizar la minería,” el principal obstáculo para la formalización siempre ha sido la falta de incentivos. Para muchos mineros artesanales, los costos y la complejidad del cumplimiento normativo superan con creces los beneficios de la legalidad.
Ahora, los precios récord del oro han hecho que el cálculo económico sea imposiblemente desigual. El atractivo de las ganancias veloces, sin impuestos y sin regulación es más poderoso que nunca, convirtiendo el esfuerzo de formalización post-REINFO del gobierno en una tarea casi titánica. Esto sobrealimenta los problemas que el REINFO debía resolver. El “escudo de impunidad” se convierte en un activo codiciado para operaciones ilegales que buscan camuflar sus actividades en regiones como Pataz y Madre de Dios. La devastación ambiental —desde el envenenamiento de ríos con mercurio en la Amazonía hasta violentas tomas de tierras— se acelera. Las redes de crimen organizado que prosperan con el tráfico ilícito de oro se vuelven más poderosas y arraigadas, representando una amenaza directa a la autoridad del Estado. Para el Perú, el auge del oro es un desafío de seguridad interna tanto como económico.
Chile, por el contrario, enfrenta una crisis de minería ilegal de oro en una escala completamente distinta. Esto no se debe a la falta de recursos, sino a una combinación de geografía, historia e instituciones estatales más sólidas. Chile carece de los vastos y remotos territorios amazónicos que sirven de caldo de cultivo para las operaciones ilegales en Perú. Su sector minero ha estado históricamente dominado por corporaciones colosales, estatales y privadas, dejando menos espacio para que arraiguen las economías informales. Crucialmente, una presencia estatal más robusta en todo su territorio dificulta enormemente que redes ilegales a gran escala operen con la impunidad que se observa en otros lugares. Si bien Chile enfrenta sus propios conflictos sociales y ambientales significativos relacionados con la minería —especialmente en torno a los derechos de agua y el consentimiento comunitario—, estas son batallas que se libran dentro del sistema formal, no contra un extenso submundo criminal.
El actual aumento de precios está impulsado menos por la demanda tradicional de joyería y más por poderosas fuerzas macroeconómicas. Este contexto global afecta por igual a las exportaciones formales de ambas naciones. Dos impulsores clave se destacan:
Mientras que esta demanda formal beneficia a ambos países, Perú debe lidiar también con la insaciable demanda en la sombra de plantas de procesamiento informales y compradores internacionales ilícitos de oro no documentado. Esta cadena de suministro no regulada es la sangre vital de su sector minero ilegal. Los nuevos marcos gubernamentales —como el sistema interoperable SIPMMA y requisitos de trazabilidad más estrictos— no son solo reformas administrativas; son armas esenciales en la lucha por asfixiar este mercado ilícito. Las exportaciones de Chile, al provenir casi en su totalidad de operaciones formales, fluyen a través de canales transparentes y trazables, protegiendo su mercado de ser manchado por el “oro sucio”.
Perú y Chile se encuentran en un momento compartido de oportunidad, pero enfrentan desafíos internos profundamente diferentes.
Para Perú, el auge del oro es una prueba a su determinación nacional. La eliminación del REINFO y la centralización de la autoridad bajo el MINEM fueron primeros pasos críticos, pero ahora están siendo puestos a prueba por una poderosa marea económica que arrastra a los mineros hacia la ilegalidad. El éxito necesitará un enfoque de dos partes: un control constante contra las organizaciones criminales, y un proceso sencillo que permita a los mineros artesanales acceder a financiamiento, tecnología y mercados legales. El riesgo es que el atractivo del oro desborde la capacidad del Estado, profundizando el conflicto social y la ruina ambiental.
Para Chile, el desafío es de gestión estratégica a largo plazo. El auge del precio del oro proporciona un bienvenido colchón financiero. Sin embargo, no resuelve los problemas centrales que enfrenta su industria centrada en el cobre: escasez de agua, minas envejecidas y la necesidad de un entorno político y fiscal estable para atraer las masivas inversiones a largo plazo requerido para mantener su liderazgo global. La tarea de Chile consiste en utilizar esta ganancia inesperada para invertir en innovación e infraestructura, lo cual garantizará su futuro. Este enfoque no debe limitarse a la producción primaria de oro, sino que debe orientarse hacia la consolidación de Chile como una superpotencia minera sostenible.
El creciente precio del oro presenta a la región andina una espada de doble filo. Representa tanto una oportunidad económica significativa como una prueba urgente de gobernanza. Para Chile, constituye un instrumento destinado a garantizar un futuro sostenible. En el contexto peruano, se presenta una contienda por la esencia del sector minero y la legitimidad del Estado. La opción se presenta de manera inequívoca: intensificar el compromiso con la responsabilidad o enfrentar el riesgo de que la búsqueda de beneficios inmediatos socave los fundamentos de un futuro estable y próspero.